El reciente anuncio del Gobierno de España de prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años ha reabierto el debate sobre cómo proteger a la infancia en el entorno digital. La medida responde a una creciente preocupación social por el impacto de estas plataformas en el bienestar emocional, el desarrollo personal y la seguridad online de niños y adolescentes.
Los expertos opinan
De hecho, desde instituciones como Unicef, que recientemente ha publicado un estudio sobre el impacto de la tecnología en la infancia y en la adolescencia, advierten a través de su perfil en la red social X que “la prohibición por sí sola no es la solución mágica. Hay que actuar ante la emergencia, pero el objetivo es crear un entorno digital seguro donde todos cumplan normas de convivencia”.
En una línea similar se ha pronunciado AMETIC, la Asociación que representa al sector de la Industria Digital en España. Aunque reconoce los riesgos a los que se enfrentan los menores en Internet, recuerda que el entorno digital forma parte esencial del desarrollo personal y educativo de niños y adolescentes. Por ello, considera que prohibir o imponer límites rígidos al acceso a redes sociales es una solución que puede resultar ineficaz e incluso incrementar desigualdades a largo plazo.
Otros especialistas consideran que la iniciativa responde a una necesidad evidente. Pablo Roca, docente del curso de Marketing Digital de la escuela Tokio School, subraya que la protección de los menores de edad en las plataformas digitales es necesaria aunque, en muchos aspectos, llega tarde. “Existen contenidos muy normalizados relacionados con cánones de belleza, éxito o consumo irreales que pueden afectar a su autoestima y desarrollo. A esto se suma que muchas plataformas están diseñadas para maximizar el tiempo de uso, es decir, que el usuario las utilice el mayor tiempo posible. Es lógico que se planteen medidas regulatorias”, señala.
También Fernando Suárez, presidente del CCII (Consejo de Colegios de Ingeniería Informática), considera que la iniciativa responde a una preocupación legítima de la sociedad y de las familias, y opina que “limitar este acceso puede generar una falsa sensación de seguridad si no va acompañado de una educación para los menores, formación para las familias y docentes y una implicación real de las plataformas tecnológicas”.
¿Cuáles son los retos para que esta medida sea efectiva?
Sin embargo, especialistas en educación, tecnología y protección de menores coinciden en señalar que la restricción, por sí sola, difícilmente resolverá el problema. En este sentido, Joaquín González-Cabrera, investigador del Instituto de Transferencia e Investigación (ITEI) de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), alerta de que “una prohibición estricta, por sí sola, difícilmente resolverá los problemas que se pretende atajar. Puede incluso generar efectos colaterales indeseados: desplazamiento del uso a entornos menos supervisados, pérdida de oportunidades educativas y relacionales o una falsa sensación de seguridad en adultos y responsables políticos”.
Por eso, más allá del debate sobre su conveniencia, los expertos coinciden en que el principal reto será su aplicación práctica. Para Roca, la cuestión clave no es tanto el contenido de la norma como su ejecución. En su opinión, el desafío será proteger a los menores sin implantar sistemas de verificación de edad excesivamente invasivos que comprometan la privacidad de los usuarios. Y cita como ejemplo el caso de Dinamarca, que es uno de los más conocidos para controlar el acceso a las redes sociales: “Utiliza un sistema de identificación nacional para verificar la edad y otras gestiones con el estado, con resultados razonables. En otros modelos, como el australiano, la responsabilidad recae en las propias plataformas. Desde mi punto de vista, es la propuesta más razonable, dejando que sean las redes sociales quienes adapten la experiencia de uso de los menores teniendo en cuenta la información que ya manejan. Mientras el gobierno se encarga de regular, auditar y sancionar en el caso de que no se cumpla la legislación, sin necesidad de gestionar más datos personales de los ciudadanos”, subraya.
María del Mar Sánchez, docente e investigadora del Grupo de Tecnología Educativa de la Universidad de Murcia, considera positivo “exigir responsabilidad real a las plataformas digitales y a sus algoritmos. Ahora bien, la clave estará en los mecanismos: cómo se auditan los algoritmos, quién lo hace, con qué criterios técnicos y con qué garantías jurídicas”, señala para Science Media Centre España.
González-Cabrera (UNIR) identifica tres grandes desafios para que la medida tenga impacto real. El primero es desarrollar sistemas de verificación de edad que protejan la privacidad y permitan ajustar el acceso a contenidos sin etiquetar o estigmatizar a los menores. El segundo es reforzar la alfabetización digital, mediática y emocional. Numerosos estudios, recuerda, señalan que la educación en el uso crítico y responsable de la tecnología es un factor clave de protección. Sin una inversión clara en formación dirigida a estudiantes, familias y profesorado, cualquier limitación normativa solo actuaría sobre los síntomas del problema. “Y en tercer lugar, el reto de la corresponsabilidad. La protección de la infancia en entornos digitales no puede recaer solo en los menores o en sus familias, sino que hay que poner el énfasis en las plataformas y las empresas tecnológicas. Esta necesaria seguridad por diseño y por defecto implica integrar medidas de protección desde el diseño, sin requerir acción del usuario, y ajustadas a la edad”, concreta.
Escuchar también a los adolescentes
UNICEF añade a estas recomendaciones la necesidad de reforzar el acompañamiento familiar y actualizar las medidas educativas, así como incorporar la voz de los propios adolescentes en el diseño de las políticas digitales que les afectan.
El consenso entre especialistas apunta a que la regulación puede ser un primer paso, pero no la solución definitiva. La protección efectiva de la infancia en el entorno digital exigirá combinar normativa, educación, innovación tecnológica y responsabilidad compartida entre administraciones, empresas, centros educativos y familias.
