El Gobierno ha aprobado, a propuesta del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, un proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 4/2019, de 7 de marzo (de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria), para establecer una reducción del número máximo de alumnos por aula y una regulación básica y homogénea de la jornada lectiva del profesorado no universitario. El objetivo es corregir las desigualdades detectadas entre autonomías y mejorar las condiciones de trabajo del profesorado, así como conseguir una atención más individualizada.
En relación con las ratios, se reduce el número máximo de alumnos por aula: 22 en Primaria (frente a los 25 actuales) y 25 en Secundaria (frente a los 30 actuales). En los centros sostenidos con fondos públicos, el alumnado con necesidades educativas especiales (NEE) computará como dos plazas.
El documento fija, con carácter general, la jornada lectiva semanal del profesorado en 23 horas en Infantil, Primaria y Educación Especial, y en 18 horas en el resto de enseñanzas. De manera excepcional, y por necesidades de organización, podrá alcanzarse un máximo de 20 horas, compensadas con dos horas complementarias por cada periodo lectivo adicional.
El Gobierno hizo una recomendación a las comunidades autónomas en 2019 respecto a las ratios, pero no todas lo adoptaron, por eso ahora con este proyecto de Ley se fija una regulación máxima legal de horas para garantizar homogeneidad en todo el territorio nacional. De este modo, este proyecto de Ley refuerza la equidad, la inclusión educativa y el bienestar docente, y garantiza la cohesión del sistema educativo desde el respeto al ámbito competencial de las comunidades autónomas.
La ministra de Educación Milagros Tolón ha destacado que el hecho de que cada docente tenga menos estudiantes que atender, o que comparta la atención a esos alumnos con otro profesor o profesora, “mejorará sin duda la calidad de la docencia y el tiempo con el que se cuenta para trabajar con cada estudiante”. “Es una apuesta por dar más tiempo al profesorado para preparar mejor sus clases, para atender a su alumnado y para desarrollar su trabajo en condiciones dignas”, ha añadido.
Entrada en vigor
Estas medidas se implantarán, desde la entrada en vigor de la ley y de forma progresiva, con el objetivo de que estén plenamente en marcha en el curso 2031-2032. Milagros Tolón ha recordado que el proyecto aprobado es fruto del acuerdo y el diálogo con la comunidad educativa, por lo que cuenta con un amplio consenso entre el profesorado y el conjunto de la comunidad educativa, pasando por el Consejo Escolar del Estado, que dictaminó favorablemente el documento. “No es una decisión unilateral, es un avance compartido”, ha señalado.
El próximo paso es la remisión del documento al Congreso para su tramitación parlamentaria, sobre lo que la ministra ha expresado su confianza en que las Cortes Generales “sabrán estar a la altura”.
Milagros Tolón ha indicado que además de este proyecto de Ley, el Ministerio está trabajando para mejorar la calidad de la enseñanza y las condiciones del profesorado en materia de competencias profesionales docentes, sistemas selectivos e ingreso en la función pública docente, formación permanente del profesorado, y en la reducción de la carga burocrática mediante la puesta en marcha de una IA soberana, entre otras medidas. “Nuestros docentes no son solo una pieza más del sistema, son su columna vertebral, quienes sostienen cada día el presente y el futuro de nuestro país”, ha sostenido la ministra.
