Casi la mitad de los adolescentes ha imitado alguna vez lo que ha visto en la pornografía, y no siempre de mutuo acuerdo con su pareja. Este preocupante dato se desprende de una encuesta realizada por la ONG Save The Children, que también recoge que más de la mitad de los menores ha accedido por primera vez a la pornografía antes de los 13 años, y un 8,7% antes de los 10 años, con una edad media de 12 años.
Y los datos van más allá: solo en 2022 se investigaron 1.973 abusos sexuales cometidos por menores; una cifra que supone un aumento del 116% desde 2017. Pese a la complejidad de los motivos que han llevado a esta situación, el visionado inapropiado y precoz de los contenidos de tipo sexual, y más concretamente, de la pornografía con violencia, es una de las principales causas a las que la última Memoria de la Fiscalía General del Estado achaca este crecimiento.
Pero si estos contenidos son a priori solo para adultos, ¿cómo acceden los menores? La Ley General de Comunicación Audiovisual obliga a las plataformas de intercambio de vídeos a establecer sistemas de verificación de edad y a que, en todo caso, impidan el acceso a los más nocivos, como la violencia gratuita o la pornografía. Pero los sistemas que se emplean actualmente (autodeclaración, compartir credenciales con el proveedor de contenidos, que sea este el que estime la edad o que exista una entidad intermediaria entre el usuario y el proveedor) no son tan eficientes como deberían y a su vez, suponen algunos riesgos: localización de menores de edad a través de Internet, falta de certidumbre sobre la edad declarada, exposición de la identidad a múltiples intervinientes, perfilado masivo o recopilación y tratamiento de datos no necesarios, entre otros. Por lo tanto, encontrar alternativas para garantizar un uso seguro de Internet y desarrollar un sistema fiable de verificación de la edad son necesidades urgentes.
Plazo: 6 meses
Consciente de ello, el Gobierno anunció a finales de enero la creación de un comité de expertos que diseñará un plan que ayude a promover un entorno digital seguro para los menores. Compuesto por 50 miembros —con representación del Observatorio de Infancia y distintos consejos asesores, la Agencia Española de Protección de Datos, el Consejo Escolar del Estado, el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), confederaciones de asociaciones de madres y padres de alumnos, especialistas en pediatría, psicología, igualdad de género y protección de la salud mental, así como juristas especializados en la garantía de los derecho de la infancia y de la juventud—, ya ha tenido su primera reunión. “La exposición de los menores a las pantallas es uno de los temas más candentes, lo que está sucediendo supone una nueva configuración de las relaciones sociales y vamos a liderar un acuerdo intergeneracional para proteger a los jóvenes”, aseguró la ministra de Juventud e Infancia Sira Rego.
Para ello, este comité partirá de estudios ya publicados relacionados con el tiempo que los adolescentes dedican a utilizar sus dispositivos, los efectos en la salud mental de la sobreexposición, cómo se está abordando este tema en los centros educativos, el papel de las familias… Sus conclusiones quedarán por escrito en un informe que debe estar listo antes de seis meses y que incluirá análisis y conclusiones sobre el impacto de las tecnologías en la población infantil y juvenil. Asimismo, tiene la tarea de formular recomendaciones para la implementación de acciones y medidas a corto, medio y largo plazo para que las Administraciones públicas aseguren un marco de prevención, detección precoz y protección frente a posibles vulneraciones de los derechos de la infancia y la juventud.
La propuesta de la AEPD
No es la única iniciativa pública en este sentido: la Agencia Española de Protección de Datos también ha presentado una propuesta práctica para verificar la edad y proteger así a los menores del acceso a contenidos para adultos; un proyecto en el que ha trabajado junto a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Con ello, “se demuestra que es técnicamente posible proteger a los menores del acceso a contenidos inadecuados a la vez que se garantiza el anonimato de los adultos en su navegación por Internet”, afirma la Agencia en un comunicado. El objetivo es proteger al menor del acceso a contenidos para adultos y que estos contenidos, a su vez, puedan ser accesibles para aquellas personas que puedan demostrar su edad. Pero en ningún momento se trata de que los proveedores de contenidos o terceros conozcan su identidad. “Como entidad pública que siempre garantiza la seguridad y la confianza, estamos totalmente comprometidos con esta iniciativa, por lo que ya estamos trabajando en el desarrollo de una app que servirá para ayudar a proteger a este colectivo tan vulnerable”, afirma Isabel Valldecabres, presidenta-directora general de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT).
El sistema se compone de un decálogo que recoge los principios que debe cumplir un sistema de verificación de edad, una nota técnica con los detalles del proyecto y tres vídeos prácticos que demuestran cómo funciona el sistema en diferentes dispositivos, con sistemas operativos distintos y empleando varios proveedores de identidad, además de un gráfico que recoge los riesgos de los sistemas de verificación de edad que utilizan en la actualidad.
