Un gran número de jubilaciones, la urgencia de contar con nuevos talentos y perfiles específicos para las necesidades actuales de la Administración, procesos de selección que hacen que el opositor dependa de sí mismo, métodos más certeros para prepararse las pruebas… Este año está casi todo a favor para lograr un puesto en la Administración General del Estado.
El actual contexto económico, social y demográfico del país hace que este 2026 sea un año muy interesante si estás pensando en acceder a una plaza en la Administración General del Estado (AGE), ya sea en ministerios o en todo tipo de organismos públicos. Y es que se han convocado, según el Real Decreto 387/2026 de 6 de mayo, 37.017 plazas totales de Oferta de Empleo Público (OEP). De ellas, 27.232 son específicas para la AGE y 20.541 son de acceso libre, lo que para los especialistas supone reducir de forma exponencial la ratio de opositores por plaza y eleva mucho las posibilidades de aprobado. Y se espera que esta tendencia se mantenga durante los próximos años.
Para algunos cuerpos clave, como son administrativos, auxiliares o gestores de la Administración del Estado, se presenta una oposición pura, sin fase de concurso. Es decir, que sólo se depende de la nota del examen y no se compite contra la experiencia previa de trabajadores interinos. Aparte, se ha fijado la obligatoriedad de que los procesos no se extiendan más de un año desde la fecha de publicación de la convocatoria. Y que, si en alguna especialidad se cubre solo el 75% de las plazas, es obligatorio que se flexibilicen y agilicen las pruebas para captar talento. Por último, las pruebas selectivas se están expandiendo por sedes en todo el territorio nacional, lo que evita desplazamientos costosos a la capital y reduce la presión psicológica del día del examen.
El relevo generacional es uno de los factores más significativos en esta amplia oferta ya que, teniendo en cuenta que más del 4% de la actual plantilla supera los 50 años, será inevitable que en los próximos años se produzca la jubilación de un gran número de empleados públicos. Además, esta media de edad tan alta ha supuesto que haya hoy en día un déficit en personal dedicado a la atención al ciudadano, la inspección, la gestión electrónica o la digitalización.
Estos dos últimos campos son especialmente importantes, porque la modernización de la Administración no puede esperar: se requiere incorporar nuevo talento y perfiles adaptados a las nuevas necesidades. Por tanto, la urgencia para conseguir un reemplazo rápido y estable obliga ya al Estado a elevar el número de ofertas de empleo público que aceleren los procesos selectivos y reduzcan la temporalidad.
Y no sólo es la citada digitalización en lo que la Administración está inmersa para modernizarse, también en cuestiones de automatización, ciberseguridad, gestión de fondos europeos, simplificación administrativa e, incluso, de inteligencia artificial. Todo esto generará una demanda de perfiles TIC, pero también de administrativos, gestores, tramitadores, técnicos o de cuerpos de apoyo asociados a estas nuevas ramas. Es lo que muchos expertos denominan lograr tener ‘músculo administrativo’.
Aunque la economía española ha mejorado en algunos campos, existe una gran incertidumbre en el plano internacional que puede afectar al mantenimiento de determinados empleos privados; la automatización de procesos está implicando despidos; existen dificultades para estabilizar carreras profesionales; y hay presiones para aceptar salarios no siempre acordes con la valía profesional. Por eso, y frente a esta ‘volatilidad’ del empleo privado, el público ofrece estabilidad, salario previsible, desarrollo largo de una carrera profesional, conciliación, movilidad interna o teletrabajo parcial.
